YPF: UTILIDAD PÚBLICA, DEUDA O SALVATAJE?
Por Héctor GIULIANO (23.4.12).
La sorpresiva intervención de YPF y el envío al Congreso del proyecto para expropiar las acciones de Repsol abren más interrogantes que aclaraciones en cuanto al sentido de las medidas adoptadas por el gobierno Kirchner.
El objeto de este breve trabajo es formular algunas observaciones y comentarios sobre este tema a la luz del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 530/2012 del Poder Ejecutivo y del Proyecto de Ley (PL) respectivo, así como sus informaciones conexas.
Ambos documentos contienen contradicciones, inconsistencias y/o desprolijidades que le pueden terminar costando muy caro al Estado Argentino.
EXPROPIACION POR UTILIDAD PÚBLICA.
No están claras las verdaderas razones de urgencia de las medidas tomadas por el Ejecutivo frente a una grave situación de crisis energética que era conocida desde hace tiempo, que consultores y ex titulares de la Secretaría de Energía venían denunciando públicamente desde hace varios años y que el actual gobierno – hasta hace muy poco – venía negando o soslayando mientras apoyaba y elogiaba la gestión de la Empresa.
El Estado Argentino, a través de su participación accionaria, estaba perfectamente en conocimiento de la situación de la Empresa y el representante del Gobierno suscribía y avalaba todas las decisiones del Directorio de YPF sin expresar disidencias en contrario.
Por ende, el primer problema que se plantea es el de la inexorable co-responsabilidad de la Administración Kirchner en las irregularidades que denuncia contra Repsol como accionista mayoritario ya que las mismas fueron asumidas por todos los socios, incluido lógicamente el Estado Nacional.
Esto es particularmente cierto en lo tocante al problema de la infra-inversión en exploración de petróleo y gas, a la política de altos repartos de dividendos y a la gravedad del cuadro de situación energético provocado por YPF.
Por eso, independientemente de toda discusión sobre la validez de los argumentos oficiales y las medidas adoptadas en consecuencia, la actual Administración es co-responsable de las irregularidades que le imputa al grupo Repsol, ya que el representante oficial ante el Directorio tenía que estar forzosamente al tanto de lo que pasaba y además estaba suscribiendo sin disidencias las decisiones que hoy se le objetan al principal accionista.
La gestión de una política llevada a cabo por el Directorio de la Empresa no puede serle imputada exclusivamente a uno de los socios sino que es de responsabilidad colectiva de todos los que, como miembros, la avalaban.
También es importante y discutible el uso de un DNU para intervenir por parte del Estado una Sociedad Anónima – como es YPF - invocando los artículos 3 y 6 de la Ley 17.319 de Hidrocarburos, aún en los casos que mediaren incumplimientos de contrato en materia de producción y/o exploración; máxime cuando ya se estaba penalizando a la empresa por este motivo con el retiro de algunas áreas de concesión provinciales.
Pero el problema central – y probablemente más grave desde el punto de vista conceptual - estaría en la causal aducida para la expropiación de una parte de las acciones de Repsol en YPF por razones de “utilidad pública”[i] ya que tales razones no pueden aplicarse en forma genérica para los casos de expropiación sino que deben tener una justificación puntual y concreta (como puede ser, por ejemplo, el caso de una propiedad inmueble para trazar una carretera o destinar un espacio clave para la construcción de un puente).[ii]
No tiene mucho fundamento expropiar una parte de las acciones de la empresa y a un solo socio (en este caso, el accionista mayoritario, quitándole el 51 sobre su total del 57.4 %) para elevar la participación del Estado al 51 % del Capital apelando a razones de “utilidad pública”.
Siguiendo tal razonamiento en relación al autoabastecimiento (que en este caso se aplica a una compañía que no produce la totalidad sino la mitad del petróleo nacional y el 44 % del gas) el criterio de intervención oficial pudiera ser extendido arbitrariamente a cualquier otra empresa del sector y/o de cualquier otro sector de la economía que se declare genéricamente de interés público.
Este planteo gubernamental conlleva así serias vulnerabilidades en el caso que Repsol – como ya lo ha anunciado – lleve adelante reclamos judiciales contra la Argentina ante el CIADI (el Tribunal de Arbitraje Internacional dependiente del Banco Mundial) apelando al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) vigente entre nuestro país y España.
Por otra parte, es contradictorio acusar sólo a Repsol de “vaciamiento” de YPF – como lo hace taxativa, enfática y reiteradamente el PL del Ejecutivo – cuando, como dijimos, las responsabilidades por la gestión de la empresa son colectivas y alcanzan a todos los socios con representación en el Directorio, incluyendo al propio Estado.
Si Repsol incurrió en maniobras de vaciamiento - es decir, en delitos – sus directivos debieran ser denunciados ante la Justicia y no ser expropiadas parte (no todas) sus acciones invocando razones de “utilidad pública”.
Una de dos: delitos o razones concretas de interés público nacional debidamente fundadas.
Con el agravante que la palabra “vaciamiento” no existe como figura jurídica: su traducción legal sería Defraudación, pero el proyecto no hace referencia a este delito sino que utiliza la expresión “vaciamiento”, que sólo delata una forma de comportamiento no definido desde el punto de vista técnico jurídico.
Esto también supone una vulnerabilidad de planteo al ser aplicado este enfoque sólo contra Repsol cuando la distribución indebida de altísimas utilidades beneficiaba a todos los accionistas y cuando, como agravante, se sabía que dicho criterio había sido adoptado para favorecer, en particular, al grupo Eskenazi – ligado al gobierno Kirchner - para que pudiera pagar con dividendos los préstamos externos contraídos para comprar el 25 % de las acciones de YPF sin aportar dinero en efectivo.
Este conjunto de serias inconsistencias en la forma de fundamentar y de llevar a cabo la expropiación parcial de las acciones de Repsol en YPF no sólo deja dudas sobre la corrección del procedimiento seguido por el gobierno Kirchner sino también sobre las verdaderas motivaciones de su conducta.
LA DEUDA DE YPF.
Actualmente – según el viceministro de Economía Kicillof – la Deuda total de YPF sería del orden de los 9.000 Millones de Dólares (MD).
De los Estados Contables al 31.12.11 surgiría que esta suma es algo menor – el equivalente de unos 8.300 MD (36.700 M$-Millones de Pesos) – pero ello no cambia el fondo de la cuestión, que es el alto endeudamiento de la empresa.
Notablemente, este importe de deuda hoy es casi el mismo que YPF tenía al momento de su privatización (1992) – 8.500 MD – y que el Estado absorbió porque la empresa fue vendida sin pasivos.
Este elevado pasivo de YPF significa que el Estado Argentino, con la expropiación ahora de las acciones de Repsol, pasa a ser el nuevo socio mayoritario, asume la responsabilidad principal por la conducción empresaria y hereda entonces el nuevo gran pasivo de YPF.
Una vez más – como ya ocurrió con la privatización menemista de la década del ´90 (que el entonces gobernador Kirchner y su esposa apoyaron) – el socio privado se desliga de sus obligaciones y el gobierno argentino se hace cargo de las deudas.
El Estado, que hasta ahora no tenía participación directa en la gestión empresaria de YPF y no era responsable de sus pasivos, pasa entonces a tener una triple carga de deuda propia en relación a la compañía: 1. La de la Deuda consolidada de la empresa (los 9.000 MD citados), 2. La del necesario financiamiento del Plan de Inversiones no cumplido bajo la gestión de Repsol (cuyas estimaciones primarias serían del orden de los 30.000 MD), y 3. El monto – a determinar – de la indemnización por la expropiación a Repsol.
Aunque se termine no pagándole nada a Repsol – como se ufanan algunos funcionarios del gobierno – los otros dos grandes rubros de deuda igual le quedan al Estado; y son mucho más elevados.
Este cambio es muy importante porque antes de esta medida de intervención de YPF y expropiación a Repsol, la Administración Nacional no tenía encima estos nuevos rubros de endeudamiento público pero ahora, en cambio, deberá incrementar sus pasivos del Estado.[iii]
El Balance de YPF al 31.12.11 muestra además que el Pasivo Corriente (obligaciones hasta un año de plazo) es de 21.800 M$, contra un Activo Corriente de 14.100 M$, lo que denota que la empresa tendría, en principio, un problema de Liquidez que también deberá ser cubierto por el Estado.
Los vencimientos de deuda ya serían importantes este año por concepto de Obligaciones Negociables (ON) emitidas bajo la administración Repsol: 300 M$ en Diciembre (y 70 MD en Marzo de 2013), entre los más relevantes.
Dentro de los 21.800 M$ del Pasivo Corriente, 11.900 son Cuentas por Pagar y 8.100 pago de Préstamos; sin contar – desde ya - Deuda Contingente (por los reclamos de daños en el Medio Ambiente y otros).
Todo esto implica que las medidas anunciadas por la presidente Cristina Kirchner el 16.4 pasado suponen para el Estado Nacional la asunción de una fuerte carga de endeudamiento adicional que hasta hoy no se tenía.
Desde el punto de vista económico-financiero tal comportamiento del Gobierno – independientemente de la forma en que es presentado ante la Opinión Pública – releva a Repsol YPF de afrontar un grave cuadro de situación financiera que tendrá que ser cubierto con más deuda y cuyo peso se transfiere ahora al Estado Nacional.
UN SALVATAJE A REPSOL.
Lo dicho en el párrafo anterior abre un interrogante muy serio acerca de los efectos financieros concretos de la decisión gubernamental sobre YPF.
Ello implica reflexionar sobre si esta mayúscula nueva carga financiera que pasa al Estado Central – más allá de todo lo que se diga ante la Opinión Pública – no constituye en realidad una forma de salvataje práctico a la empresa Repsol desligándola del peso de estos grandes compromisos, que le eran imposibles de cumplir por sí misma.
La urgencia en la intervención de YPF y la simultánea estatización de las acciones de Repsol presenta un esquema dudoso y muy discutible.
La presidenta – en su discurso del lunes 16.4 – dijo que regresó antes de la Cumbre de las Américas de Cartagena de Indias, Colombia, “porque tenía que estar aquí en la República Argentina a primerísima hora” para firmar el DNU y el proyecto remitido al Congreso.
Dado que – como hemos explicado al comienzo de esta nota – el grave problema de arrastre de YPF era conocido desde hace tiempo por las autoridades e incluso que había sido agravado financieramente por el propio gobierno (caso de su gestión a favor del grupo Eskenazi para aumentar la participación accionaria del mismo con deuda externa y privilegio de pago de esas deudas con dividendos extraordinarios) el verdadero motivo de la urgencia correspondería evidentemente a otras razones.[iv]
El mismo PL da en sus Fundamentos una pista del problema. En su acápite IV - titulado “La carta autoincriminatoria del Señor Brufau” - se relatan las gestiones de Repsol inmediatamente previas a la crisis que llevó a la estatización de sus acciones por parte del gobierno Kirchner.
En carta a la presidenta del 2.4.12 Brufau – según el texto del proyecto de ley – le dice que Repsol no se encuentra en condiciones de poder implementar el Plan de Inversiones de YPF porque carece de capacidad para financiarlo.
Los primeros cinco años de ejecución del plan demandarían inversiones por 30.000 MD (6.000 MD por año) y Repsol sólo podría cubrir aproximadamente la mitad de las mismas.
Ergo, la alternativa ofrecida por Brufau – siempre según el texto del PL – era buscar “Asociaciones para ceder parte de su participación en las concesiones … a empresas e inversores nacionales e internacionales … con el objeto de obtener la financiación necesaria para la ejecución del Plan” decidiendo en cada caso “quién será el operador”.
Incluso sostenía que “las Provincias y el Estado Nacional podrían tomar una participación en la inversión en cada campo”.
Es, poco más o menos, lo mismo que luego hace la presidenta pero desposeyendo a Repsol de su participación y, en consecuencia, de su armado del negocio.
Aquí es donde el gobierno Kirchner le reprocha, con razón, que el “principal causante de la situación” se ofrezca como “salvador” de la situación de crisis de YPF que generó a través de su gestión.
Esto era particularmente grave porque Brufau confesaba que “YPF ya tiene avanzadas negociaciones con significativos ofertantes que representan compañías internacionales” para ello.
Todo esto está corroborado por informaciones periodísticas con base bastante en firme: Repsol YPF – España estaba por cerrar la venta de todo o parte de sus acciones a la petrolera china SINOPEC GROUP (que es una Empresa del Estado) pero simultáneamente se estaban dando pasos aquí, en Argentina, para posicionarse financieramente por parte de otras compañías, como el caso de la compra del 50 % de las acciones de Bridas (familia Bulgheroni) por parte de otra petrolera china, la CNOOC (también Empresa del Estado) por 3.000 MD,[v] con miras a poder participar en YPF en el futuro.
También manifestaron interés para entrar en el replanteo de las asociaciones y/o contrataciones de YPF otras grandes firmas internacionales, como Exxon, Total y Petrobras; como asimismo compañías de contratistas y servicios.
En síntesis, que la decisión de intervención y expropiación de las acciones de Repsol se produce en un momento clave de la toma de decisiones de la Empresa, de modo que la acción de la administración Kirchner habría frustrado que sea la propia Repsol la que manejara el negocio de su redistribución accionaria, reservando tales decisiones al gobierno argentino.
Una maniobra de este tipo – el bloqueo de negociaciones indebidas por parte del accionista mayoritario - sería legítima por parte de las autoridades para impedir que sea la misma empresa que fue la principal causante de la crisis de YPF la que decida sobre el replanteo de los negocios accionarios bajo su gestión.
Pero el avance de esas negociaciones unilaterales de Repsol podía ser desautorizado oportunamente por el gobierno argentino sin necesidad de expropiar las acciones de la firma en YPF ya que el Estado disponía no sólo de la “acción de oro” sino de todos los mecanismos de contralor interno y externo que necesitare aplicar para impedir maniobras de esta naturaleza.
Máxime cuando está imputándole a Repsol delitos de “vaciamiento” de YPF, por los que se supone puede llevar a sus directivos ante la Justicia.
Con el agravante que al optar por la expropiación el gobierno altera la categoría del problema – llevándolo del Gerenciamiento a la Estructura Societaria - se carga con la gravísima situación económico-financiera de la empresa y apela a un procedimiento vulnerable debido a su co-responsabilidad en la crisis que dice motivar su intervención.
La clave residía en la Intervención sin Expropiación: YPF pudiera y debiera ser intervenida pero sin expropiar, al menos de inmediato, las acciones de Repsol; porque esta expropiación libera a Repsol de la carga financiera que le deja al Estado Argentino, aunque éste no le indemnice un centavo.
Ahora, en cambio, la administración Kirchner se reserva el manejo exclusivo de los próximos pasos de YPF pero lo hace cargando con el peso de los pasivos heredados y de las deudas a contraer en el futuro.
Y lo hace en una forma poco transparente y controlable, amparándose en la discrecionalidad y ausencia de control sobre sus actos dado que la empresa sigue bajo la forma jurídica de Sociedad Anónima[vi], sujeta a la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales y sin estar supeditada al contralor de los organismos del Estado (como la SIGEN y la AGN).
Esto independiza a la administración Kirchner – una vez más – de los mecanismos formales de supervisión y control sobre sus acciones de gobierno dejándole las manos libres para reformular el plan de grandes negocios después de la frustrada gestión de Repsol YPF, de la que fue co-responsable directo.
En definitiva: la intervención y expropiación parcial de las acciones de Repsol – que permanece como accionista minoritario de la empresa con un 6 % del Capital[vii] – implica un cambio en el gerenciamiento de la empresa, que oficialmente estaba a cargo del CEO Sebastián Eskenazi Storey y que ahora pasa bajo dirección directa de los funcionarios interventores del gobierno; pero también - y esencialmente - un cambio de mano en la composición accionaria de la compañía, que ahora pasa a ser de mayoría estatal, asumiendo el Estado el peso de la crisis de YPF.[viii]
Esto significa que, de ahora en más, será el Estado Argentino el que tendrá que hacerse cargo de la muy delicada situación financiera de la Empresa, atendiendo fundamentalmente al macro-endeudamiento necesario para poder replantear sus actividades.
El gobierno podrá mantener su composición societaria de mayoría estatal – 51 % del Capital, subdividido a su vez en 51 % Nación y 49 Provincias Petroleras – asociándose a nuevos operadores (caso de joint ventures) o bien volver a vender parte de su nuevo paquete accionario, pero la responsabilidad central seguirá estando en manos del Estado.
Desde el punto de vista de las Finanzas Públicas este manejo de la crisis de YPF implica traspasarle así al Fisco el peso de los pasivos de la empresa y la carga por desinversión en actividades de exploración petrolera que supondrá grandes endeudamientos futuros.
Y todo esto relativizando el alcance de las culpas de Repsol por administración fraudulenta, que debiera haber sido no sólo el motivo de la intervención del Estado sino de las acciones judiciales pertinentes: sin necesidad de expropiación de las acciones.
EN CONCLUSIÓN:
Por qué la idea de “salvataje” y a quién se estaría salvando o, al menos, liberando de sus compromisos incumplidos?
Un balance primario de los hechos concretos permite intuir o sospechar un salvataje, pero un salvamento encubierto con escenificación de las partes:
- El gobierno Kirchner presenta la expropiación como una “nacionalización” de la empresa y una muestra de Soberanía Nacional en materia de hidrocarburos mientras absorbe el triple pasivo nuevo por la deuda acumulada de YPF, por el futuro financiamiento del plan de inversiones incumplido por Repsol y por los eventuales montos de indemnización a pagarle.
- Repsol se victimiza como compañía perjudicada cuando, en realidad, después de haberse llevado dividendos que sobrepasan su inversión por la compra original le traspasa la carga financiera por la deuda y el plan de inversiones al Estado Argentino; y todavía le reclama una indemnización que – desde el frio punto de vista de la Ley – pudiera llegar a corresponderle dada las serias vulnerabilidades del DNU y el PL del Ejecutivo. Y
- El grupo Eskenazi – tradicionalmente favorecido por la administración Kirchner y fundadamente sospechado de manejarse con los negocios de la familia gobernante – no sólo no es alcanzado por las graves denuncias oficiales directas sino que además pudiera salir indemne de su propia irresponsabilidad por la compra de acciones con deuda.
En síntesis: que la intervención de YPF y la consiguiente expropiación de las acciones de Repsol tendría en los hechos un sentido muy diferente de la versión oficial si se la mira desde el punto de vista financiero fiscal.
Y que la Intervención de la empresa puede y debe hacerse pero sin Expropiación.
La gran mayoría de la partidocracia con representación parlamentaria, sin embargo, se apresta a convalidar esta línea de acción irregular, discrecional y financieramente gravosa elegida por el gobierno Kirchner: una línea de acción que implicaría, en la práctica, un salvataje o liberación de Repsol YPF.-
Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 23.4.2012
Archivo: GIULIANO 12 04 23 YPF
NOTAS:
[i] El PL habla de “interés público nacional” para referirse al objetivo prioritario de autoabastecimiento de hidrocarburos y de “utilidad pública” cuando se refiere a la expropiación de las acciones de Repsol YPF SA.
[ii] El artículo 17 de la Constitución Nacional (CN 17) – que prohíbe la Confiscación - establece que la Expropiación por causa de utilidad pública tiene que ser establecida por Ley y previamente indemnizada.
La ley 21.499 de Expropiaciones – que es del año 1977 (dictada por el Gobierno Militar) – especifica que si no hay acuerdo de las partes sobre la indemnización el Estado deberá seguir la vía judicial y es el juez quien fijará el monto de la misma.
[iii] El Presupuesto 2012 autoriza en materia de Deuda Pública – además de 11.700 MD más de Deuda en cabeza de la Administración Central - la contracción de otros 28.000 MD de Deuda Indirecta, es decir, nueva deuda que corresponde a Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios.
Estas nuevas deudas son avaladas por el Tesoro, que se transforma así en el garante de última instancia para el pago de las deudas tomadas por las distintos Entidades Nacionales.
[iv] La familia Eskenazi – a través del Grupo Petersen – compró su parte de las acciones de YPF por presión directa del gobierno Kirchner ante Repsol y lo hizo en dos tandas: el 14.9 % en 2008 y el 10 % en 2011; logrando así un total de prácticamente el 25 %.
Ambas compras fueron hechas sin aporte de capital propio – sólo se desembolsaron 100 MD – ya que las mismas fueron financiadas con préstamos garantizados por las acciones que se compraban:
- En 2008, con un crédito de 1.018 MD dado por un grupo de bancos liderado por el Credit Suisse y del que formaban parte Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa; y el resto financiado por Repsol, que era el vendedor de esa cuota-parte de sus acciones. En total, 2.235 MD.
- En 2011, con otro préstamo consorciado, de 670 MD otorgado por los Bancos Itaú, Santander, Standard Bank, Credit Suisse y Citi; y otros 670 financiados por Repsol.
El saldo de la deuda de Eskenazi por estos dos préstamos sería hoy del orden de los 3.000 MD.
Las dos operaciones se pactaron a través de Petersen Energía, una empresa del grupo con sede en Nueva Zelandia, de modo que las obligaciones figuran así como deuda externa de la empresa.
En ambos casos, se pactó que los servicios de estas deudas serían pagados por el grupo Eskenazi con dividendos futuros a percibir por sus acciones en YPF merced a la disposición aceptada por el gobierno Kirchner de distribuir altísimas utilidades de la empresa que posibilitarían este cumplimiento, pese a que ello se hacía restando fondos al plan de inversiones vía reinversión de ganancias.
De allí que imputar hoy solamente a Repsol por una política de “vaciamiento” debido al retiro masivo de utilidades mientras se incumplían los programas de inversiones en exploración es, cuando menos, una acusación incompleta porque todos los accionistas se beneficiaron proporcionalmente de dicho “vaciamiento”, y el grupo Eskenazi – tradicionalmente favorecido por el gobierno - en primer lugar.
Dicho con otras palabras: que la política de distribución excesiva de dividendos, con el consiguiente incumplimiento de los planes de inversión de YPF fue conocida, aceptada e incluso inducida por el propio gobierno Kirchner para favorecer la operación de compra del grupo Eskenazi.
[v] Artículo de Diego Cabot en La Nación – Suplemento Económico del 22.4.12 – y noticias periodísticas conexas.
[vi] Tanto la presidenta en su anuncio como el texto del PL ponen especialmente de relieve esta independencia jurídica de YPF como Sociedad Anónima, no sujeta a los controles de los organismos de supervisión directa de las Empresas del Estado.
[vii] La nueva estructura accionaria de YPF es la siguiente:
51.0 % Estado Argentino (51 % Nación y 49 % Provincias Petroleras).
24.4 % Grupo Petersen-Eskenazi.
5.8 % Lazard Asset Management (relacionada con la Banca Rothschild).
4.8 % Eaton Park Capital (un Fondo de Inversiones creado como desmembramiento de
Goldman Sachs).
5.9 % Inversores no identificados.
2.0 % Cotización en Bolsa de Buenos Aires.
6.1 % Repsol (que reiteradamente ha sido asociada a la compañía británica British
Petroleum).
El cambio producido en esta composición del capital de YPF afecta sólo las tenencias accionarias de Repsol, que pasa del 57.4 % al 6.1 %; es decir, que baja la participación de Repsol y aumenta en igual medida la del Estado. El resto de los accionistas permanece con la misma proporción de acciones.
Esto involucra especialmente al grupo Eskenazi, que a través de Petersen mantiene su 25 % del capital de YPF.
[viii] La última integración del Directorio de YPF era la siguiente:
Presidente: Antonio Brufau Niubó
Vicepresidente del Directorio: Enrique Eskenazi
Gerente General (CEO) Vicepresidente Ejecutivo: Sebastián Eskenazi Storey
Subgerente General Director Adjunto al CEO Director General Repsol Argentina:
Antonio Gomis Sáez
Directores Titulares:
Roberto Baratta (representante oficial del gobierno Kirchner en el Directorio)
Aníbal Guillermo Belloni
Mario Blejer
Carlos Bruno
Carlos de la Vega
Matías Eskenazi Storey
Salvador Font Estrany
Federico Mañero
Javier Monzón
Miguel Ángel Devesa
Luis Suárez de Lezo
Mario Vázquez
Raúl Cardoso Maycotte
Directores Suplentes:
Alejandro Diego Quiroga López
Alfredo Pochintesta
Tomás García Blanco
Fernando Dasso
Carlos Jiménez
Carlos Alfonsi
Ángel Ramos Sánchez
Ezequiel Eskenazi Storey
Mauro Renato José Dacomo
Ignacio Cruz Moran
Eduardo Ángel Garrote
Después de la reciente intervención oficial obviamente esta composición del Directorio de YPF está siendo modificada y se formalizará en la primera asamblea que se realice al efecto.-
Archivo: GIULIANO 12 04 23 YPF SINTESIS.
Ante una economía extranjerizada y concentrada como la Argentina la expropiación parcial de YPF – Repsol ¿marca una ruptura o tiende a sostenerla?
Es riquísimo el debate abierto alrededor de la decisión de expropiar el 51 % de Repsol-YPF por parte del gobierno nacional. Fue anunciado como un acto trascendente de defensa de la soberanía nacional.
Sin embargo como lo reconoció la presidenta -y los primeros pasos dados por el ministro De Vido lo reafirman- es una decisión que expropia a Repsol pero mantiene como socios, entre otros, al grupo Petersen, a la banca Lazard, a Goldman Sachs, se anuncia la próxima asociación de YPF con otras empresas multinacionales en la exploración y explotación de yacimientos hidrocarburíferos, mantiene la mayoría de la industria petrolera y gasífera en manos de los grandes grupos económicos transnacionales o locales en las que está hoy, o agregará a empresas chinas, prevé pagar por su expropiación a una empresa como Repsol que debería devolverle al país lo que saqueó y lo más grave es que esta decisión gubernamental está al servicio de satisfacer las necesidades energéticas de una economía cada vez más extranjerizada y concentrada. Es decir trata de garantizar la actividad y las ganancias de las megamineras, petroleras, automotrices, pools de siembra, agronegocios, metalúrgicas, siderúrgicas, de servicios, que son mayoritariamente propiedad de un poder económico extranjerizado y concentrado y que demandan al gobierno les asegure la energía que necesitan para poder seguir teniendo las formidables ganancias obtenidas en estos años.. El gobierno que avaló el vaciamiento de las reservas energéticas y luego trató de reemplazarlas con la importación ya no tiene dólares para pagar deuda externa, garantizar remesas de ganancias empresarias al exterior, permitir fugas de divisas, pagar insumos y además importar energía. Algo debe restringir para no afectar pagos, remesas y fugas. Es esta crisis del sector externo por falta de dólares sumada a la depredación energética la que empujó esta decisión. Es por ello que ni el FMI, ni el grupo de los 20, ni Obama y EE.UU. ni ningún sector del poder económico mundial ha adoptado represalias serias ya que en realidad se preparan a participar en los nuevos negocios que la expropiación de Repsol les ofrece y a disputárselos. Ya están en tratativas públicas con el gobierno la TOTALfrancesa, las norteamericanas ESSO y Chevron, es decir los más fuertes pulpos petroleros. Se explica también por ello que las grandes empresas que operan en Argentina hayan apoyado en silencio y hasta Biolcatti de la Sociedad Rural y la Mesa de Enlace sojera hayan dado su respaldo público ante la decisión del gobierno. La propia Repsol ya ha anunciado que está abierta a discutir con el gobierno argentino “amistosamente” y la Unión Europea ahora hace hincapié en que se pague “lo que corresponde”.
Por ello no vemos esta medida como un paso hacia la defensa de decisiones más soberanas. La economía se extranjerizó y concentró aun más en los últimos años –de las 500 firmas más grandes las extranjeras concentran alrededor del 75% del valor agregado, de las utilidades y las exportaciones y han aumentado las remesas que giran al exterior que pasaron de representar 633 millones de dólares en 2003 a7159 millones en 2010, monto que se superó el año pasado y a ello deben agregarse los más de 70.000 millones de dólares que fugaron en ese período. No vemos entonces que esta medida abra la posibilidad de decisiones independientes en la materia y marque una ruptura en ese proceso extranjerizante. Al contrario tiende a sostenerlo.
Como lo venimos planteando desde hace décadas la industria petrolera y gasífera debe ser en su totalidad de propiedad pública, autónoma del gobierno y administrada por los trabajadores de las empresas, sus geólogos e ingenieros y controlada por los usuarios y el pueblo en general. Ello descarta en nuestra opinión la propiedad y la intervención de las empresas privadas sean transnacionales o de capital local en cualquiera de los procesos de exploración, explotación, transporte, refinería y comercialización así como dejar la gestión en manos del gobierno de la que la administración debe ser completamente autónoma. Estatizar no es sinónimo de propiedad del pueblo ni de decisiones independientes como lo demuestra México o Arabia Saudita donde las petroleras son íntegramente estatales y son países que siguen las directivas norteamericanas. En Argentina estatizar es sinónimo de que la maneje y controle un De Vido, no el pueblo. Si fuera el pueblo seguramente no apostaría, por ej., como lo hace el gobierno a explotar el llamado gas no convencional cuya explotación ha sido prohibida preventivamente en Francia y suspendida temporalmente en Sudáfrica y en algunas zonas de Alemania, Suiza, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y Australia por sus graves efectos contaminantes
La privatización menemista de YPF, mantenida en líneas generales por el actual gobierno, posibilitó el saqueo generalizado y contaminante de esos bienes comunes, provocó el vaciamiento y la crisis energética que explota en estos meses (las reservas bajaron de 20 años en los 90 a 8 años en el 2009), la necesidad de gastar miles de millones de dólares en importar combustible y gas (el balance fue negativo en casi 3.000 millones de dólares el año pasado) y la remesa de miles de millones de dólares de dividendos empresarios girados al exterior (desde 1999 ganaron 16.450 millones de dls.) lo que exige, además de la propiedad pública, una investigación de una comisión independiente sobre la actividad de Repsol y de las demás empresas multinacionales que operan en el área para cobrarles todo el vaciamiento y la grave contaminación perpetrada en perjuicio del país y del pueblo así como sobre la responsabilidad de este gobierno, sus funcionarios y la de los anteriores en las actitudes cómplices con esta depredación.
Soberanía es que el pueblo sea el que decida, lograrlo será resultado de que se pelee por eso.
Luis Zamora - Autodeterminación y Libertad
Buenos Aires 24 de abril de 2012.
Luis Zamora - Autodeterminación y Libertad
Buenos Aires 24 de abril de 2012.
Argentina: Nafta de ayer…sacándole a Repsol…
“si el menemismo no hubiera privatizado, el kirchnerismo no podría expropiar. Siniestra pareja”
(aforismo implicado) file:///C:/Documents%20and%
“YPF debe ser del Estado y no de un gobierno que no controla nada”
Dice que el problema no es sólo la petrolera. Y señala los manejos arbitrarios y los favores políticos. http://www.clarin.com/
Desde adentro de Barrick Gold: “La minería también se tiene que ir nacionalizando”
“Se habla mucho de la estatización del 51% de YPF. Bueno, yo creo en una minería que también se vaya nacionalizando, que el país tenga el control de esa extracción minera”. http://lavaca.org/notas/desde-
Neuquén: Pechen recibió a De Gennaro
La vicegobernadora Ana Pechen, a cargo del Ejecutivo provincial, recibió hoy por la mañana a Víctor de Gennaro, diputado nacional del FAP –interbloque Unión Popular- y ex secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos. http://corrienteup.org/2012/
El Interbloque FAP convoca a la Audiencia Pública “Situación Energética Nacional: expropiación del 51% del Patrimonio de YPF S.A.”
Sala 1-Segundo Piso – Anexo Diputados: El Interbloque Frente Amplio Progresista (FAP) convoca a la Audiencia Pública sobre “Situación Energética Nacional: expropiación del 51% del Patrimonio de YPF S.A.” que se realizará el martes 24 de abril a las 15 hs. en la sala 1 del 2º piso del Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Los diputados del FAP que estarán presentes entre otros son Claudio Lozano, Margarita Stolbizer, Ricardo Zabalza, Victoria Donda, Omar Duclos, Ricardo Cuccovillo y Víctor De Gennaro; también estarán los senadores Rubén Giustiniani, Luis Juez, Norma Morandini y Jaime Linares.http://corrienteup.org/2012/
Neuquén: Reseña en los medios
El diputado nacional del Frente Amplio Progresista estuvo en la zona y se expresó sobre la medida conocida el lunes. “Vamos a proponer profundizar esta propuesta que va en el camino correcto, que es recuperar nuestra capacidad de controlar la matriz energética pero evidentemente hay que andar más rápido. Creemos que hay que avanzar en todo el conjunto de la empresa, creemos que hay que estatizar definitivamente”, destacó. http://corrienteup.org/2012/
Proclamación de nuevas autoridades de UNE y reivindicación a la expropiación de YPF
En el marco de la asunción de las nuevas autoridades partidarias de UNE, hoy a las 13 hs se realizó un acto de reivindicación a la expropiación de parte de YPF en el Pozo 1 ubicado en Plaza Huincul. Del acto participaron también el Diputado Nacional y dirigente de Unión Popular, Victor De Gennaro; el intendente de Cutral Có, Ramón Rioseco; y el Secretario General de ATE Nacional, Julio Fuentes.http://corrienteup.org/2012/
Se realizó en la UNLu el 1° Encuentro para la Militancia del Frente Amplio Progresista
El encuentro se produjo en la Universidad Nacional de Luján. A las 11 se realizó la apertura y luego hubo trabajos en comisión, un plenario y un cierre político de la jornada. Estuvieron presentes Margarita Stolbizer , Juan Carlos Juárez, Ricardo Vago, Marta Maffei entre otros. http://corrienteup.org/2012/
El FIT tiene que movilizar para denunciar las mentiras de Cristina y proponer la estatización bajo control obrero y sin indemnización...
Carta al Frente de Izquierda:
Los compañeros del Frente de Izquierda acaban de editar una declaración en la que critican la falta estatización propuesta por el gobierno de Cristina. Más allá de determinados matices (con los cuales tenemos diferencias) los partidos que integran el FIT se han puesto en la vereda correcta de la oposición a la falsa nacionalización de YPF, proponiendo una salida obrera y socialista, o sea la estatización bajo control obrero y sin pago alguno a Repsol.
Coherentemente con este planteamiento el Frente de Izquierda tendría que jugarse a hacer sonar bien fuerte la campana de este programa socialista, convocando a marchar masivamente el próximo miércoles 25 al Congreso, ya que ese día se discutirá la ley en el Senado. Desde Convergencia Socialista - junto a la TPR y otros sectores - ya hemos convocado a movilizar, porque consideramos que la izquierda tiene la obligación de denunciar las mentiras del gobierno y proponer su propio programa. Pero esta convocatoria la hemos hecho con la idea de promover una acción mucho más masiva, como la que podría encabezar el FIT.
Por esta razón hacemos una llamado fraternal a las direcciones del Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas e Izquierda Socialista para que consideren nuestra propuesta. Es que estamos convencidos que el próximo miércoles la izquierda debe hacer sonar su campana, apareciendo como la única oposición capaz de resolver positivamente la actual crisis capitalista.
María Alvarez, Oscar Castro y Juan Giglio
Declaración del Frente de Izquierda ante el anuncio sobre YPF
1-La expropiación parcial de YPF resuelta por el Gobierno es una medida de crisis impuesta por el vaciamiento de la industria petrolera, que alcanzó en los últimos años una dimensión nunca vista y que contó con la complicidad de los gobiernos nacionales y provinciales. La imposibilidad de pagar una factura por importaciones de combustibles de más de 12.000 millones de dólares, en un cuadro de fuga de capitales y escasez de dólares, empujó al Gobierno a esta expropiación parcial, buscando con la caja de YPF financiar, al menos en parte, esa cifra gigantesca.
- Que el objetivo oficial no apunta a una real nacionalización petrolera se encargó de aclararlo la propia presidenta. En cambio, el proyecto de ley establece que seguirá siendo una sociedad anónima, que cotizará en Bolsa y que, por lo tanto, deberá atender a la orientación exigida por los accionistas privados: algo muy similar a la YPF de Menem y Kirchner de 1994. A la vez, queda habilitada para acuerdos con los grandes monopolios petroleros, algo que los funcionarios dijeron que promoverán de manera sistemática.
- En oposición a esta política, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores plantea que el 100% de YPF debe ser expropiada, sin compensación alguna, y pasar a manos del Estado bajo el control y la gestión de los trabajadores. Nos oponemos a que se pague un solo centavo a una empresa que, como Repsol, debería devolverle a la clase obrera y al pueblo argentino todos los recursos no renovables saqueados durante años, amén del daño ambiental producido.
- Rechazamos y repudiamos todas las declaraciones del Gobierno español del PP, apoyado por la oposición del PSOE, en defensa de sus intereses saqueadores imperialistas. Somos solidarios con los trabajadores del Estado Español que enfrentan los brutales recortes y la flexibilización laboral producidos por la crisis capitalista mundial que aplican estos partidos en el gobierno. Los llamamos a ellos a no hacer causa común con patronales como Repsol, saqueadores en nuestras tierras, ajustadores en el Estado Español, sino a enfrentarlos juntos.
- El proyecto del Gobierno no afecta al resto de los monopolios petroleros instalados en el país. La expropiación onerosa se limita al 51% de YPF, una empresa que maneja sólo el 34% del negocio petrolero. Por eso también sostenemos la expropiación y estatización, bajo control de sus trabajadores, de toda la industria petrolera y gasífera, en todas sus etapas.
La privatización de YPF fue “una reivindicación histórica”, dijo Néstor Kirchner en 1992
20/04 – 13:00 - El 26 de septiembre de 1992, Néstor Kirchner exponía ante la prensa local los motivos por los cuales apoyaba decididamente la transformación de la empresa estatal YPF, en una empresa privada. Además de gratificarsepor la llegada de 500 millones de dólares, producto de la operación que “iban a servir para reconvertir Santa Cruz”, alegaba que se terminaría la empresa manejada por 15 o 20 gerentes y que por el contrario, para lo santacruceños, la privatización no era la entrega de la soberanía.
Los archivos son letales para la demagogia política o los demagogos de la política. Así como hoy Carlos Menem, el más fiel kirchnerista de la actualidad, acaba de confirmar que votará la nacionalización de YPF que impulsa el gobierno, Néstor Kirchner, el 22 de septiembre de 1992 dio una encendida entrevista a un medio local, en defensa de la privatización, que por esos momentos, llevaba adelante, a nivel nacional, el hoy kirchnerista Carlos Menem.
Néstor Kirchner le decía entonces al diario La Opinión Austral, según consta el el archivo al que tuvimos acceso por gentileza de nuestro amigo y colega Hugo Moyano, “Para aquellos que dicen que la privatización de YPF es una entrega de la soberanía, para los santacruceños no lo es, porque esos millones de dólares que ingresarán, van a evitar, precisamente, la despoblación y el éxodo de los pobladores de Santa Cruz y creo que no hay nada más soberano que conseguir inversiones, aparte, quienes conocemos la historia de YPF, sabemos que era un empresa manejada por 15 o 20 gerentes dirigidos desde la propia YPF, pero que no llegaban a los santacruceños y estos 500 millones de dólares van a llegar a todos los habitantes, lo cual marca un punto de justicia y equidad”.
Con respecto a los fondos que Santa Cruz recibiría en el marco de las regalías mal liquidadas, dólares que le facilitó Menem y su Ministro Domingo Cavallo, el entonces Gobernador Kirchner señaló “Es una reivindicación histórica que nos permitirá cobrar 500 millones de dólares en regalías que le debe la Nación a la provincia. Esto le va a permitir a Santa Cruz, paulatinamente,profundizar el ordenamiento del Estado, lograr la reconversión económica y generar las bases de una economía de producción que nos permita salir de la marginalidad en que nos ha tenido por tantos años el poder central”
Perfil.com publicó las quejas de los vecinos por el uso del herbicida. La enfermedad de Marta, que vive al lado de la línea Mitre fumigada, las confirma
Piden un plan energético integral
y la nacionalización completa de YPF
Integrantes de la organización Junta Americana por los Pueblos Libres –JAPL- emitieron un documento para explicar por qué el gobierno nacional debe convertir a YPF en una Sociedad del Estado, y no en una Sociedad Anónima, y hacerlo en el marco de un plan energético integral.
“La SA es una forma jurídica en la que no existen los naturales controles de los organismos públicos… Deben diseñar una administración pública social seria de YPF y asegurar mecanismos transparentes de control, y auditorías independientes”, dijeron los miembros del centro de estudios, integrado por docentes, estudiantes y artistas del litoral argentino y el Uruguay.
“Ante las pésimas gestiones de la española Repsol y la argentina Petersen, ambas deben ser excluidas de cualquier concesión, principalmente en el petróleo y la banca privatizada”, expresaron en el documento dado a conocer este viernes y aseguraron que apoyarán “todo lo que se haga” para que YPF sea una Sociedad del Estado.
Los estudiosos del litoral afirmaron que Repsol y Petersen “sólo buscaban utilidades” y perdieron sus derechos. “Repudiamos cualquier maniobra vengativa de los intereses del gran capital de la Europa neocolonialista, y sostenemos que los gobernantes de España deben hacerse cargo de las consecuencias de la connivencia de sus empresas con las políticas extractivistas que someten a nuestras naciones. Las declaraciones en las que toman el papel de víctimas son inconsistentes y hasta ridículas”, sostuvieron.
Luego advirtieron que la nacionalización de YPF “corre el riesgo de convertirse en una caja más o un negociado más, cuando puede ser el gran paso que inicie un proceso de emancipación”.
A continuación, el documento completo firmado, entre otros, por el presidente de la JAPL, el cooperativista Pedro Aguer.
Documento de la Junta Americana por los Pueblos Libres.
La JAPL pide que YPF
sea una Sociedad del Estado
Ante la decisión de la presidente Cristina Fernández de tomar desde el Estado nacional el control de YPF, la petrolera emblemática de los argentinos, los miembros de la Junta Americana por los Pueblos Libres -JAPL- instamos al poder político a desarrollar un Plan energético integral, en el que YPF quede en manos del pueblo argentino, con administración del estado, control de obreros, consumidores y expertos de universidades del país, y participación de todas las provincias.
Señores: nada de Sociedad Anónima. La SA es una forma jurídica en la que no existen los naturales controles de los organismos públicos. YPF debe ser una Sociedad del Estado y todo lo que se haga para ello merece nuestro respaldo.
Deben diseñar una administración pública social seria de YPF y asegurar mecanismos transparentes de control, y auditorías independientes.
Ante las pésimas gestiones de la española Repsol y la argentina Petersen, ambas deben ser excluidas de cualquier concesión, principalmente en el petróleo y la banca privatizada. Esta medida es necesaria para que la nacionalización de YPF no sea ensuciada con más negociados que deslegitimen a la Argentina, y para dar señales claras a todos los pueblos del orbe. Además, la incorporación de capitalistas sin capital, y sus nefastas consecuencias a la vista, no podrá superarse en medio de la impunidad.
Medidas como la expropiación deben adoptarse con firmeza y con fundamentos sólidos, sin dejar resquicios ni cabos sueltos, porque las decisiones importantes, como ésta, si resultan improvisadas o sostienen privilegios hacia algún sector “amigo” del poder terminarán siendo contraproducentes para el conjunto. Advertimos esto aunque sea redundante porque no hay margen para más negociados o arbitrariedades, y no hoy vemos que el poder esté comprendiendo este dato en su dimensión real.
Ni un peso a Repsol, ni un peso a Eskenazi: ellos jugaron mal, ellos no tienen derecho a lo que no les pertenece. Sólo querían utilidades, son corresponsables de la debacle.
Respecto de supuestos descubrimientos de gas no convencional acreditados a la firma ahora controlada por el estado, no deben reconocerse riquezas potenciales, y cuya explotación por fractura hidráulica está siendo debatida y hasta prohibida en varios países, por sus graves impactos ambientales.
Repudiamos cualquier maniobra vengativa de los intereses del gran capital de la Europa neocolonialista, y sostenemos que los gobernantes de España deben hacerse cargo de las consecuencias de la connivencia de sus empresas con las políticas extractivistas que someten a nuestras naciones. Las declaraciones en las que toman el papel de víctimas son inconsistentes y hasta ridículas.
En ese Plan necesario que reclamamos, el pueblo debe controlar al detalle cada litro de petróleo que se extrae, así como cada gramo de metales que explotan las mineras, y es imprescindible que los políticos no caigan en la tentación de una nueva desnacionalización, cualquiera sea el pretexto.
El Plan necesario no debe agotarse en YPF. Ni España, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni China, en el manejo del petróleo argentino: la energía es nacional, y del autoabastecimiento y la soberanía dependen muchos factores de la economía regional. ¡Basta de entrega del patrimonio a los viejos o nuevos imperios, y a sus multinacionales!
En éste, como en todos los rubros, debe respetarse el federalismo originario, y eso exige un reparto equitativo de responsabilidades, acciones en la sociedad del estado, y utilidades, entre todas las provincias y el estado nacional. La nación y todas las provincias deben correr con los riesgos, y todos deben ser beneficiarios. Federalismo no es atomización sino lo contrario: unidad. Y esa unidad es esencial, con miras a la unidad de los pueblos de nuestra América. Está claro que, desde estos principios, hay leyes que privilegian algunas regiones en desmedro de otras, y deben ser derogadas.
Las privatizaciones de rubros estratégicos como el petróleo son razones contribuyentes para acusar a sus responsables de traición a los intereses del pueblo. El arrepentimiento tácito de hoy no debe ser seguido de nuevas traiciones.
Consideramos que hay funcionarios, cuyos nombres no daremos, ligados esencialmente a las causas del vaciamiento de YPF y la crisis energética, y que por eso no debieran conducir este proceso de recuperación, como es muy obvio. Su continuidad es inversamente proporcional a la credibilidad del gobierno.
Saludamos en esta hora a las argentinas y los argentinos que durante años nos alertaron sobre los errores encadenados en la política petrolera y la corrupción que estaban empujándonos al vaciamiento del sistema petrolero argentino, con la incorporación de socios sin conocimientos ni fondos, lo que anticipaba la crisis por ausencia de exploraciones; y nos alertaban también sobre el descalabro energético y nos avisaban que peligraba el autoabastecimiento. Los funcionarios se burlaban, pero todo se cumplió. La crisis les dio la razón a los que saben, de modo que hoy, si no les van a pedir disculpas, deben escucharlos. Lo decimos porque la Argentina tiene mujeres, hombres e instituciones de conocimientos hondos y complejos en materia energética, y ya no se tolera que este sector clave sea administrado (y exprimido) por espurios intereses financieros.
El tiempo comprobó que las políticas eran equivocadas. Sostenemos que en otros rubros está ocurriendo en este momento exactamente lo mismo, y los gobernantes están obligados a advertirlo, para que no les explote el problema en las manos. Pooles, exportadoras, megamineras, megapasteras, pesqueras, deuda externa… son varios los sectores en los que hoy campea la política que impusieron la dictadura y el menemismo. Más temprano que tarde los gobernantes deberán aceptar sus errores, y no precisamente para volver a proponernos soluciones espasmódicas. Hoy tienen la oportunidad de reconocer y actuar en consecuencia.
El pueblo dio a los gobernantes una oportunidad con la adjudicación a Enarsa de fondos multimillonarios que no fueron usados con sabiduría ni transparencia. Asistimos a un fracaso estrepitoso de las políticas públicas no sólo por la transferencia negativa de las riquezas sino por estos años que pudieron ser reparadores y, al contrario, acentuaron el problema. El pueblo ofrece otra oportunidad a los gobernantes y en ellos está la posibilidad de aprovecharla, para lo cual deben bajarse de la soberbia.
Hacemos también un llamado a cambiar las matrices de producción y transporte que, junto a la energética, conforman un cóctel explosivo a mediano y largo plazo, y constituyen las principales causas del consumo irresponsable de energía con graves daños sobre el ambiente y la vida. El nuevo modelo debe dar prioridad al trabajo digno, la economía cooperativa, la producción sustentable y la armonía con la naturaleza.
No ocultaremos que la nacionalización de YPF, si no se cumplen requisitos básicos correrá el riesgo de convertirse en una caja más o un negociado más, cuando podría ser un paso cualitativo hacia la emancipación.
Alguien nos previno alguna vez del “gringo que nos compra y el criollo que nos vende". El consejo vale para el caso.
Junta Americana por los Pueblos Libres -JAPL-.
Paraná, 20 de abril de 2012.
Pedro Aguer, Presidente
Julio Majul, Vicepresidente
Víctor Hugo Sartori, Secretario
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